Panamá
El MIRPS en Panamá
Panamá es el hogar de casi 14.000 refugiados y solicitantes de la condición de refugiado. La población está compuesta principalmente por personas de Colombia, Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Cuba; particularmente durante los últimos dos años, las solicitudes de asilo de venezolanos y nicaragüenses han aumentado exponencialmente. Covid-19 ha impactado enormemente a refugiados reconocidos y solicitantes de asilo en Panamá, como resultado de las restricciones de movilidad y la pérdida de su fuente de ingresos, tanto dentro del mercado laboral formal como informal. Esto también ha afectado su bienestar emocional.
Para hacer frente a la situación, como parte del MIRPS desde 2017, Panamá ha avanzado en la aplicación de sus compromisos de proporcionar protección y soluciones a los desplazados forzosos. El apoyo de la comunidad internacional ayudará a un sistema de registro mejorado, inclusión de refugiados y solicitantes de asilo en programas socioeconómicos, aumento de la presencia de ONPAR en las zonas fronterizas. Además se fortalecerá la capacidad de los funcionarios gubernamentales nacionales de diferentes ministerios de línea, a fin de atender las necesidades de miles de personas que buscan protección en el país.
Áreas de Enfoque en el Plan de Acción Nacional
Protección
11 compromisos
Empleos y medios de vida
3 compromisos
Educación
2 compromisos
Salud
1 compromiso
Protección social
3 compromisos
Para leer el Plan de Acción Nacional de Panamá, click aquí:
Logros Recientes de Panamá
Aumento del reconocimiento general de refugiados y expedición de permisos de trabajo
En 2020, el número de solicitantes admitidos formalmente en el procedimiento de asilo aumentó en un 240%. El acceso a permisos de trabajo indefinido después de alcanzar los tres años requeridos aumentó en un 80% y 103 personas con estatus de refugiado accedieron a la residencia permanente. Además, la acumulación existente de solicitudes de asilo pendientes se redujo en un 30% en 2020.
Mayor emisión de documentación
Misiones de ONPAR, Ministerio de Relaciones Exteriores, Registro Civil, Servicio de Migración y Ministerio de Trabajo, a zonas remotas que acogen a la población refugiada en la región de Darién y Guna Yala, acompañadas también por las oficinas del Defensor del Pueblo, la sociedad civil y el ACNUR. Se tramitaron cerca de 600 solicitudes de documentación, incluidas nuevas solicitudes para el reconocimiento del estatuto de refugiado, la renovación de documento de identidad de refugiados, tramitación de residencia permanente y permisos de trabajo. Además, se prestó asistencia y asesoramiento a las personas en riesgo de apatridia.
Reconocimiento de la apatridia
Como parte de la aplicación del D.E. N° 10 de 5 de enero de 2019 que aprueba el procedimiento para el reconocimiento de la apatridia, el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció recientemente a la primera persona apátrida en Panamá. Este es un importante paso adelante y permite el reconocimiento futuro de los casos y permite a las personas apátridas acceder a los derechos básicos. Además, las entidades gubernamentales y los asociados reciben capacitación sobre la prevención de los apátridas y el marco jurídico nacional en Panamá.
Empleabilidad para refugiados, solicitantes de la condición de refugiado y personas de comunidades de acogida
Continuó la implementación del programa “Talentos sin Fronteras” en alianza con Manpower Group y HIAS, para fortalecer las capacidades y habilidades de las personas desplazadas, y promover su acceso al mercado laboral formal. Programa de Mujeres Emprendedoras en alianza con la Fundación Ciudad del Saber para 76 personas.
Acceso a la formación profesional para refugiados
El Instituto Nacional de Formación Profesional y Desarrollo Humano (INADEH) ha dado acceso formal para refugiados a sus programas de formación profesional, antes solo accesibles para ciudadanos panameños y extranjeros con más de 10 años de residencia en el país.
Educación terciaria
Acceso a la universidad de Panamá se logró para los refugiados en condiciones similares a las de los panameños. Esto significa que los costos de admisión de los refugiados equiparados a los costos para los panameños, reconociendo su estatus de protección en el país.
Reforzada presencia de ONPAR
en zonas fronterizas críticas como la provincia de Darién, con asistencia a personas que ingresan como parte de movimientos mixtos. Identificación y procesamiento de casos de protección internacional en Panamá. En coordinación con el Registro Civil, el Servicio de Migración y la Oficina del Defensor del Pueblo, se logró el registro de 90 recién nacidos durante 2020 en la provincia de Darién, de familias en tránsito, mitigando los riesgos futuros de apatridia.
Mirando hacia adelante
Apoyar programas de educación para las poblaciones desplazadas y las comunidades de acogida en zonas críticas
(incluidas las regiones fronterizas). Apoyar programas de formación profesional para mejorar la formación de los refugiados. Proporcionar becas para educación terciaria; continuar con abogando para la equiparación de los costos de matrícula para los estudiantes refugiados en diferentes universidades. Apoyar a las autoridades educativas con la creación de un manual de pruebas de procedimiento para la continuación de los estudios de refugiados y la validación de los registros educativos de diferentes países de origen.
Promover y establecer un protocolo entre el Ministerio de Gobierno (ONPAR) y el Ministerio de Salud
para la atención y derivación de refugiados y solicitantes de la condición de refugiado que requieran asistencia psicosocial y clínica. Mejorar el acceso a servicios sanitarios especializados para personas con enfermedades crónicas. Apoyar la implementación de servicios generales básicos de salud y salud reproductiva a través de clínicas móviles en regiones prioritarias y remotas del país.
Promover el período de ampliación y validez de los permisos de trabajo para los refugiados y solicitantes de la condición de refugiado admitidos a trámite.
Mejorar las alternativas de generación de ingresos (auto empleo e inserción laboral) para los refugiados y solicitantes de la condición de refugiado
mediante el aumento de las alianzas con el sector privado y la sociedad civil, ferias de empleo y pasantías. También promover la inclusión financiera a través de alianzas con el sector bancario en el país, permitiendo la apertura de cuentas bancarias para refugiados, acceso a créditos, etc.
Promover la inclusión efectiva de refugiados vulnerables y solicitantes de la condición de refugiado a las redes de protección social y programas de asistencia especial en el país.
Continuar fortaleciendo el sistema de asilo
trabajando estrechamente junto con el CONARE (incluyendo apoyo técnico) y ONPAR. Además, se mejorará el sistema y los procedimientos de registro del gobierno.